La consulta popular convocada por la Asamblea
Nacional para el domingo 16 de julio, busca fortalecer la ruta constitucional
que la sociedad civil y partidos de la oposición, han ejercido desde hace 100
días para lograr el cambio en el país. El proceso, en el que los promotores
aspiran a que se logre un Sí contundente, es un paso significativo que debe
enfrentar los escollos del gobierno y su cruzada constituyente. La consulta
sostiene el derecho negado para la elección que el Consejo Nacional Electoral
fijó para el 30 de julio: garantizar el voto universal.
La Constitución señala que la soberanía reside en
el pueblo, el cual la ejercerá no solo a través del sufragio, sino también
mediante mecanismos de participación ciudadana. El artículo 70 señala que junto
al referéndum, hay otros medios de participación, entre ellos la Consulta Popular.
Por eso la Asamblea Nacional hará esta consulta cónsona con el artículo 71 de
la carta magna, que fija la iniciativa para las materias de especial
trascendencia nacional.
El Parlamento aprobó, el 5 de julio, el Acuerdo
sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución. La mayoría opositora en el
Legislativo respondió de esta manera a la petición que el 3 de julio le
hicieran diferentes sectores de la sociedad civil, en un acto público: la
convocatoria de un proceso de decisión soberana, sobre el rumbo para la
reconstrucción democrática de la nación.
El carácter político del proceso y su conducción
desde el Parlamento, evidencian que su naturaleza es plebiscitaria. También
sentará las bases para los próximos pasos del Legislativo, entre ellos la
invocación del artículo 333 sobre el restablecimiento del hilo constitucional.
El venidero proceso opositor tiene el carácter de
referéndum consultivo. Destacó que la trascendencia de la jornada parte de su
garantía constitucional, como ocurre con el caso de las asambleas de
ciudadanos.
Consultar al pueblo nunca puede ser
inconstitucional, no hacerlo sí lo es. La consulta del 16 de julio es legítima
aunque en su realización no participe el CNE, organismo al que no hay que
pedirle permiso.
El peso de la jornada del 16 de julio no puede medirse
solo en números de participación: Esta consulta no será vinculante para el
gobierno, para el TSJ ni para el CNE, para los que ni la Constitución es
vinculante. Pero sí será vinculante para la Asamblea Nacional que es el punto
verdaderamente importante: que todas las acciones del Parlamento sean objeto
del voto popular.
Será clave para las acciones posteriores que
ejecuten las instituciones. Estamos en el momento en que es claro, que el
último proceso vinculante organizado por el Poder Electoral, fueron las
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y no se ha respetado la
voluntad popular. La consulta definirá que va a hacer, por ejemplo, la Fuerza
Armada, cuando sea aún más evidente que el presidente Nicolás Maduro se pone de
espaldas a la decisión política de millones de personas. Aunque no haya una
pregunta directa sobre la permanencia de Maduro en el poder, al final la
consulta tendrá un efecto político plebiscitario.
El proceso convocado por el Parlamento y en cuya
logística participan la MUD, las universidades, la sociedad civil, gremios, ONGs
y estudiantes, está blindado con la participación de venezolanos mayores de 18
años de edad, como lo fija la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos
Electorales. Es totalmente diferente a lo que se hizo para la constituyente que
el CNE se basó en un registro de sectores que no ha sido auditado.
Abogados
José Ignacio Hernández y Juan Manuel Raffalli
El Nacional
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