sábado, 15 de julio de 2017

Contra la escasez, por la defensa de la democracia y para acabar con la corrupción

En un reciente estudio de opinión a nivel nacional, realizado por la Universidad Católica Andrés Bello, se solicita a los encuestados decir el motivo que los mueve a protestar, estos señalan mayoritariamente tres razones: Contra la escasez, por la defensa de la democracia y para acabar con la corrupción. A renglón seguido la sabiduría popular, escoge entre los temas sugeridos por el encuestador, la solución a los problemas por los que protesta: Exigir elecciones presidenciales, cambiar el gobierno y sacar a Maduro.
En nuestro país estamos sufriendo una crisis humanitaria, a causa de la escasez y la carestía de alimentos y medicinas, situación que de no cambiar este régimen, pasaremos de crisis humanitaria a emergencia humanitaria. Pero esta crisis no ha sido generada por una guerra desatada en nuestro territorio, ni por una catástrofe natural que haya azotado a nuestra población.

Como lo hemos señalado reiteradamente la crisis que ha sacudido a nuestro país, se genera por la aplicación de un modelo equivocado, en el manejo de la economía, fundamentado en el centralismo y en el Capitalismo de Estado, ambas conductas requieren para su aplicación, el sacrificio de los valores democráticos.

El Socialismo del Siglo Veintiuno, está fundamentado en desaparecer los medios de producción privados, para sustituirlos por unidades de producción socialistas. La aplicación de este modelo fracasado, requirió de prácticas antidemocráticas, como la violación de nuestra Constitución Nacional, en valores sagrados como el derecho a la propiedad privada, la negación de las libertades económicas y el respeto al derecho al trabajo y a la libre iniciativa.

Como en todos los países donde se aplicó y fracasó este modelo de producción, lo único que prosperó fue la corrupción. Luego de la ocupación de cerca de cinco millones de hectáreas correspondientes a miles de unidades en plena producción, a la expropiación de cientos de empresas agroindustriales y de la monopolización del agrocomercio y de la distribución de alimentos, la caída de la producción fue dramática.

La corrupción floreció en las llamadas empresas de producción socialistas, dejando un saldo rojo de cinco millones de hectáreas ociosas y empresas agroindustriales produciendo a un cinco por ciento de su capacidad. En el sector comercio la corrupción también prosperó, acabaron con Agroisleña convirtiéndola en Agropatria, un ente incapaz de abastecer la demanda de insumos y maquinarias necesarias para la producción primaria y el fracaso del sistema de distribución de alimentos, con sus establecimientos cerrados y degenerados en un vergonzoso plan de distribución de cajas de alimentos importados.

Exigir elecciones presidenciales, cambiar el gobierno y sacar a Maduro, es el clamor de los ciudadanos en las protestas pacíficas. Ya nuestra población ha escarmentado lo suficiente para darse cuenta que este régimen no solucionará la crisis actual, todo lo contrario, la profundiza con la amenaza de la constituyente propuesta por Maduro.

Es inevitable la retirada del gobierno y eso lo va a manifestar más del ochenta por ciento de los venezolanos con derecho al voto, el próximo 16-7 cuando, en demostración soberana de su voluntad, rechace al régimen actual y abra el camino electoral que traiga consigo el cambio de gobierno y de sistema político.     


El Plan PAPA garantizará la seguridad jurídica a los productores y a los consumidores

La ausencia de un plan agroalimentario nacional, que garantice la seguridad alimentaria de nuestra población, o mejor dicho, el pleno abastecimiento de alimentos, ha degenerado en el desabastecimiento, la escasez y la carestía de los productos esenciales de la dieta básica. La consecuencia directa de la escasez y de la carestía de los alimentos, es la pobreza extrema y la desnutrición de nuestra población, sobre todo de los sectores más vulnerables: Nuestros niños.

El modelo político implantado mediante el Socialismo del Siglo Veintiuno, cuyo dogma fue la destrucción de los medios de producción privados, trajo como consecuencia la paralización de la producción de más de seis millones de hectáreas, el cierre de dos tercios de las agroindustrias,la monopolización del agrocomercio y la desactivación del cuarenta por ciento del almacenamiento y de la distribución de alimentos.

El régimen para cubrir las apariencias legales ante la comunidad internacional y parte de la opinión pública nacional, diseño un entramado de leyes que le sirven de soporte para el desmantelamiento del sector privado de la producción de alimentos. Mediante leyes habilitantes la Asamblea Nacional, en ese momento, apéndice del Ejecutivo Nacional, permitió al régimen la aprobación de quince leyes, que le sirvieron de base legal para la lenta liquidación de los integrantes de los circuitos agroalimentarios.

La producción de alimentos, ha sido el sector  más intervenido y el más regulado por el régimen: Se regula la propiedad de los terrenos y de los bienes pertenecientes a los integrantes de los circuitos Agroalimentarios. También se regula la compra de insumos; el precio de venta de los productos primarios y de los manufacturados; el destino de estos productos y de los insumos. Todas estas actividades licitas están bajo supervisión y dirección del Ejecutivo Nacional, mediante una compleja red de instituciones creadas para estos fines.

Estas intervenciones y violaciones al libre ejercicio de la libertad económica, transgreden el derecho a la propiedad, derecho consagrado en el Artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También se viola el Artículo 305 que declara de interés nacional la producción de alimentos y el tratamiento prioritario y de privilegio que debe darse a la producción agroalimentaria interna.

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, violan ocho Artículos de nuestra constitución nacional, el Artículo 471-A. del Código Penal Venezolano y numerosos Artículos de las leyes de Registro Público y Notarías y de Expropiación con Fines de Utilidad Pública y Social.

Desde Un Nuevo Tiempo, hemos propuesto políticas públicas destinadas a sacar a nuestro país de la pobreza, del hambre y de la desnutrición. Propuestas a corto, mediano y a largo plazo que de haber sido aplicadas, no estaríamos inmersos en esta crisis humanitaria que padecemos la inmensa mayoría de nuestra población. En ese sentido, hemos propuesto el Plan Agroalimentario para el Pleno Abastecimiento, este plan denominado por sus siglas como el plan PAPA

Una de las propuestas fundamentales del Plan PAPA, es garantizar la seguridad jurídica a los productores de alimentos y a los consumidores. Seguridad Jurídica, significa para el productor, reglas claras que garanticen la producción y estimulen la propensión a seguir invirtiendo y para el consumidor, seguridad de abastecimiento suficiente y oportuno.

Para lograr este fin, es necesario realizar el diseño de nuevas leyes, como la Ley de Producción de Semillas y la reforma de las leyes de Tierra y Desarrollo Agrario, la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.

En noviembre del año pasado presentamos a la Asamblea Nacional, la reforma de la Ley Tierra y Desarrollo Agrario y estamos trabajando en la reforma a las leyes de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y la de Pesca y Acuicultura. 

Con la reforma a la Ley Tierra y Desarrollo Agrario, se eliminan 74 Artículos, que violan nuestra Constitución Nacional y le dan carácter punitivo al INTI para atropellar al sector productivo, se garantizará de esta manera el respeto a la propiedad privada.

El fundamento básico de la reforma de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, es otorgar la propiedad de forma universal y sin ninguna limitación, conforme al artículo 115 de nuestra Constitución Nacional, a personas naturales o jurídicas, que estén dispuestos a ampliar la frontera agrícola de nuestro país, con preferencia a los que la estén ocupando, de manera pacífica e ininterrumpida de forma precaria. La reforma también plantea resolver la difícil situación, en la que se encuentran los productores, cuyas unidades de producción están intervenidas de manera arbitraria por el gobierno.


CIFRAS

CANASTA ALIMENTARIA


La Canasta Alimentaria Familiar aumentó en mayo de este año 990.918,92 bolívares, tuvo un incremento de Bs. 123.146,87; aumentó un 14,2% con relación al mes de abril de este año. Entre mayo de 2016 y mayo de 2017 el aumento fue de 337,6%

Una familia de cinco miembros, necesitó 15.2 salarios mínimos (65.021,04 bolívares en mayo) para adquirir los alimentos básicos, 33.030,63 bolívares diarios y 5.95 salarios integrales (200.021 bolívares).

El costo promedio de un almuerzo para un trabajador fue de 6.500,00 bolívares. El monto del bono de alimentación para mayo fue de 4.500,00 bolívares diarios.

CANASTA BÁSICA FAMILIAR

La Canasta Básica Familiar aumentó a 1.426.363,38 bolívares en mayo de este año. Representa un incremento de 212.343,18 bolívares (17,5%) con respecto al mes de abril de este año. Se necesitaban 47.545,44 bolívares diarios para cubrir su costo.
Una familia de cinco miembros, necesitó 7.13 salarios integrales (200.021 bolívares en mayo) para adquirir La Canasta Básica Familiar

Índice de Desacato

Es la diferencia entre los precios controlados y los precios de mercado, en el mes de mayo fue de en 7.824,1%.

Fuente: Centro de Documentación y Análisis Social de la federación Venezolana de Maestros (CENDAS).

El 40% de la población económicamente activa que está ocupada, gana un salario mínimo

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2014, Venezuela, UCAB-UCV-USB.

El ingreso  del 70% de las familias en Venezuela es de 2 salarios mínimos

Fuente: Instituto de Altos Estudios Sindicales (CTV)
REMUNERACIÓN INTEGRAL  DESDE EL PRIMERO DE JUNIO DE 2017
Salario mínimo 97.531 bolívares/mes.
El bono de alimentación 153.000 bolívares/mes. Cálculo de la UT 17%

Sueldo integral mensual bolívares 250.531 bolívares
Este aumento es inferior al costo de la Canasta Básica Familiar, estimada por el Cendas – FVM en bolívares 1.426.363,38  para este mes de mayo y se calcula al cierre junio en 1.676.000 bolívares

Este aumento es solo en términos nominales, porque aumenta la cantidad de bolívares que se reciben por concepto de la remuneración, pero con estos bolívares no podemos adquirir  la cantidad de bienes y servicios de la denominada Canasta Básica Familiar.
Para determinar si hay un incremento en la capacidad de compra de los venezolanos que ganan salario mínimo, se debe comparar el aumento salarial con el aumento de los precios. De esta relación podemos determinar el salario en términos reales.
En resumen, los venezolanos ganan más bolívares, pero no pueden comprar más bienes.

Fuente: Organización Nacional de Productores y Emprendedores de UNT



CIFRAS DE DESEMPLEO
Las estadísticas utilizadas por el FMI para establecer los cambios en el indicador del empleo, se rigen por los estándares internacionales y no por  la metodología que aplica el gobierno venezolano.
Según la metodología internacional, Venezuela figura en el último lugar de América, con una tasa de desocupación de 18,1%.
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Países más pequeños que Venezuela y con menos potencial económico como Bolivia y las islas del Caribe, que si aprovecharon nuestra riqueza petrolera,  han logrado bajar su tasa de desempleo.
INFLACIÓN
En un intento por reconquistar el apoyo de la mayoría de la población que, según encuestas como Datanálisis, evalúa negativamente la gestión del gobierno, el presidente Nicolás Maduro recurre a iniciativas que implican ampliación del gasto público como incrementos del salario mínimo, aumento del número de familias beneficiadas con las tarjetas socialistas y un plan especial de misiones.  El inconveniente, es que una parte importante de los bolívares a repartir surgen de vías que avivan la inflación.

La principal fuente de financiamiento consiste en que empresas públicas (principalmente Pdvsa) emiten pagarés que el Banco Central compra creando nuevos billetes sin ninguna base. Una vez Pdvsa tiene los bolívares en caja, los transfiere al gobierno para que éste cubra distintos gastos como salarios, misiones y subsidios.

Fuente: Notiminuto-Víctor Salmerón

El último informe de Latinfocus registra: JPMorgan proyecta que este año la inflación se ubicará en 650%; Citigroup en 800%; Goldman Sachs en 916% y Ecoanalítica Predice un 887%
Fuente: Informe de junio de Latinfocus



La inflación proyectada para Venezuela en 2007 será de 1133,8%

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)
La inflación en Venezuela llegó al 176% en el primer semestre de este año.

La inflación del mes de junio alcanzó 21,4%

Causas de la inflación

La impresión de dinero por parte del BCV, con el fin de financiar al Gobierno en unas próximas elecciones:
Las estadísticas oficiales registran que entre el cierre de 2016 y el pasado 21 de abril, el dinero creado por el BCV para financiar al gobierno, aumentó 38% y se ubicó en 7,6 billones de bolívares.

La devaluación del tipo de cambio oficial y del mercado negro de dólares:

Con el Dicom, nuevo sistema cambiario, el dólar se vende a 2.640 bolívares, lo que representa una devaluación de un 73% con respecto a la tasa que se vendía en el sistema similar anterior.

El dólar en Venezuela también se transa en un mercado paralelo (“mercado negro”). En este mercado el dólar aumentó de 6.100 bolívares a casi 7.800 en el mes de junio.

Fuente: Informe del Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Asamblea Nacional (INPCAN)


Inflación en alimentos en el mes de mayo

Azúcar y sal 7,6%
Cereales y productos derivados, 13,9%         
Pescados y mariscos, 21,0%
Café, 4,7%
Leche, quesos y huevos, 7,2%                                                               
Raíces, tubérculos y otros, 17,2%                                                                                 
Grasas y aceites, 3,9%                                                                    
Granos, 4,6%
Carnes y sus preparados, 32,0%

Salsas Mayonesa 14,3%                                                                                                              
Frutas y hortalizas, 8,8%
ESCASEZ:
Diecisiete productos regulados presentaron problemas de escasez: leche en polvo, carne de res, margarina, azúcar, aceite de maíz, queso blanco duro Santa Bárbara, queso amarillo, arvejas, lentejas, caraotas, arroz, harina de trigo, avena, pan, pastas alimenticias, harina de maíz y café.
Esto representa el 30% de los 58 productos que contiene la canasta.
Fuente: Centro de Documentación y Análisis Social de la federación Venezolana de Maestros (CENDAS).

PIB
Este año el PIB de Venezuela seguirá decreciendo, según las siguientes estimaciones: Barclays -11%, Credit Suisse -6,1%, Citigroup -5,5%, Oxford Economics -5,4%, HSBC -5,3% y JPMorgan -5%.
Fuente: Informe de junio de Latinfocus



PETRÓLEO
De acuerdo con las cifras oficiales la cesta petrolera venezolana, se ha cotizado en un promedio de 43,77 dólares el barril en lo que va de año, una magnitud que se traduce en un aumento de 24% respecto al promedio de 2016.
Fuente: Notiminuto-Víctor Salmerón

RESERVAS INTERNACIONALES

Las reservas internacionales cerraron este 15 de junio en US$ 10.185 millones de dólares, casi al nivel registrado el 17 de mayo de  2003  (US$ 10.072 millones de dólares).

El 23 de mayo las reservas se ubicaron en US$ 10.109 millones de dólares, se registraron ingresos por US$ 307 millones y US$ 442 millones los días 24 y de 25 de mayo (ingresos por venta de los denominados “bonos del hambre”), para totalizar U$ 749 millones de dólares en dos días.
Ya ese dinero desapareció. Pero nos queda la deuda, US$ 2.800 millones de dólares que vence en 2022 y sus intereses a pagar semestralmente. 

Fuente: La Patilla.com
DEUDA PÚBLICA EXTERNA
Este año por vencimientos de bonos, el gobierno debe cancelar 9 mil 691 millones de dólares. Si el precio de la cesta petrolera promedia 40 dólares por barril, ingresarían unos 28 mil millones de dólares. Deberá el gobierno destinar a este pago un tercio del ingreso de las divisas petroleras.
Fuente: Ecoanalítica
CARTERA AGRÍCOLA




Fuente: Jacobo Abadi









La consulta popular busca legitimar las acciones políticas para el cambio

La consulta popular convocada por la Asamblea Nacional para el domingo 16 de julio, busca fortalecer la ruta constitucional que la sociedad civil y partidos de la oposición, han ejercido desde hace 100 días para lograr el cambio en el país. El proceso, en el que los promotores aspiran a que se logre un Sí contundente, es un paso significativo que debe enfrentar los escollos del gobierno y su cruzada constituyente. La consulta sostiene el derecho negado para la elección que el Consejo Nacional Electoral fijó para el 30 de julio: garantizar el voto universal.


La Constitución señala que la soberanía reside en el pueblo, el cual la ejercerá no solo a través del sufragio, sino también mediante mecanismos de participación ciudadana. El artículo 70 señala que junto al referéndum, hay otros medios de participación, entre ellos la Consulta Popular. Por eso la Asamblea Nacional hará esta consulta cónsona con el artículo 71 de la carta magna, que fija la iniciativa para las materias de especial trascendencia nacional.

El Parlamento aprobó, el 5 de julio, el Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución. La mayoría opositora en el Legislativo respondió de esta manera a la petición que el 3 de julio le hicieran diferentes sectores de la sociedad civil, en un acto público: la convocatoria de un proceso de decisión soberana, sobre el rumbo para la reconstrucción democrática de la nación.

El carácter político del proceso y su conducción desde el Parlamento, evidencian que su naturaleza es plebiscitaria. También sentará las bases para los próximos pasos del Legislativo, entre ellos la invocación del artículo 333 sobre el restablecimiento del hilo constitucional.

El venidero proceso opositor tiene el carácter de referéndum consultivo. Destacó que la trascendencia de la jornada parte de su garantía constitucional, como ocurre con el caso de las asambleas de ciudadanos.

Consultar al pueblo nunca puede ser inconstitucional, no hacerlo sí lo es. La consulta del 16 de julio es legítima aunque en su realización no participe el CNE, organismo al que no hay que pedirle permiso.

El peso de la jornada del 16 de julio no puede medirse solo en números de participación: Esta consulta no será vinculante para el gobierno, para el TSJ ni para el CNE, para los que ni la Constitución es vinculante. Pero sí será vinculante para la Asamblea Nacional que es el punto verdaderamente importante: que todas las acciones del Parlamento sean objeto del voto popular.

Será clave para las acciones posteriores que ejecuten las instituciones. Estamos en el momento en que es claro, que el último proceso vinculante organizado por el Poder Electoral, fueron las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y no se ha respetado la voluntad popular. La consulta definirá que va a hacer, por ejemplo, la Fuerza Armada, cuando sea aún más evidente que el presidente Nicolás Maduro se pone de espaldas a la decisión política de millones de personas. Aunque no haya una pregunta directa sobre la permanencia de Maduro en el poder, al final la consulta tendrá un efecto político plebiscitario.


El proceso convocado por el Parlamento y en cuya logística participan la MUD, las universidades, la sociedad civil, gremios, ONGs y estudiantes, está blindado con la participación de venezolanos mayores de 18 años de edad, como lo fija la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Es totalmente diferente a lo que se hizo para la constituyente que el CNE se basó en un registro de sectores que no ha sido auditado.

Abogados José Ignacio Hernández y Juan Manuel Raffalli
El Nacional