El
régimen ha sometido al sector privado de la producción de alimentos a todo tipo
de abusos y arbitrariedades. Esta mala praxis del ejercicio del poder ha venido
afectando a cada uno de los integrantes de los circuitos agroalimentarios de la
producción. Los sectores afectados son: Las unidades primarias de producción,
la pesca artesanal e industrial, el sector financiero, la agroindustria, el
agrocomercio y los sectores de almacenamiento, transporte y toda la cadena de
comercialización.
La
banca pública que representa casi el cuarenta por ciento de la capacidad del
financiamiento a la producción, se ha convertido en la “caja chica” del PSUV
dedicada a financiar el proselitismo político, prueba de ello son los altos
índices de morosidad que presenta el Banco Agrícola de Venezuela. Mediante
estos recursos de forma fraudulenta compra votos y ejerce chantaje sobre la
población del sector rural. De esta manera el gobierno incumple con su
responsabilidad de financiar la infraestructura y el costo de producción anual
de los cultivos, de la pesca y de la actividad
pecuaria.
El
agrocomercio fue monopolizado por el gobierno a partir de la expropiación de
Agroisleña, empresa constituida con capital privado en el año de 1958 y que
atendía el cuarenta por ciento del mercado de agroquímicos, semillas y
fertilizantes. A partir de 2010 año de la expropiación de Agroisleña y de la
creación de Agropatria, el régimen monopoliza el mercado abarcando el 95% de
esta actividad, mediante la restricción de divisas a las pequeñas empresas
comercializadoras y a las cooperativas y suministradoras de insumos de las
organizaciones gremiales.
El
monopolio de Agropatria dejó de atender eficientemente a los productores y se
dedicó a privilegiar a los intermediarios, desabasteciendo de semillas, de
agroquímicos, medicinas veterinarias y de fertilizantes causando la disminución
de la producción y de la productividad de los cultivos y de la cría. Con la complicidad del alto gobierno destruyeron
casi en su totalidad los activos de Agroisleña, tanto de la infraestructura industrial como
de los inventarios de insumos almacenados al momento de la expropiación. Estos
activos estaban valorados en cerca de mil millones de dólares.
Mediante
la aplicación de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, el régimen intervino cerca
de ocho millones de hectáreas de tierras pertenecientes a miles de propietarios
de unidades de producción agrícola y pecuaria. La inmensa mayoría de estas
tierras sujetas de expoliación estaban en plena producción. Las propiedades
usurpadas por el régimen fueron convertidas en “Fundos Zamoranos”, que han
fracasado casi en su totalidad debido al saqueo de sus bienes, falta de
gerencia y corrupción. Al día de hoy el 99% de estas “empresas” se encuentran
improductivas.
En
las actividades de almacenamiento, transporte y comercialización, se han
vulnerado los principios inalienables de la propiedad privada y de la libertad económica.
Estos sectores han sido sometidos a regulaciones y ocupaciones forzosas,
mediante la aplicación de las leyes de Seguridad y Soberanía Alimentaria, la de
Costos y Precios Justos y por una cadena de decretos presidenciales ilegales.
El
sector agroindustrial no se ha escapado de esta retahíla de abusos. Empresas en
producción y otras semiparalizadas por la ausencia de políticas y estímulos del
gobierno, han sido víctimas de la expropiación y de la confiscación del
régimen. Sectores agroindustriales del café y del azúcar han pasado a manos del
régimen, en un el 83% en el caso del café y en el caso del sector azucarero, diez
de los dieciséis centrales azucareros existentes en nuestro país, fueron
sujetos de apropiación por parte del gobierno.
Esta calamidad que ha
destruido al sector de la producción de alimentos tiene su raíz en la
aplicación, por parte del régimen, del modelo comunista fracasado disfrazado
con el nombre de socialismo del siglo veintiuno. La consecuencia, ha sido la
emergencia humanitaria que está padeciendo nuestra población por la escasez y
la carestía de los alimentos que está diezmando a los sectores más vulnerables,
con alarmantes cuadros de desnutrición y de enfermedades.
Nuestra población debe
abandonar el marasmo inducido por este gobierno, sobreponerse y tomar la
entereza suficiente para pensar en el cambio de este régimen por un gobierno
democrático, que nos saque de este desastre y que podamos entrar al siglo
veintiuno y poder vivir dignamente.
Si logramos el cambio
podemos asumir la producción de alimentos como una Política de Estado, que
garantice la aplicación de un Plan Agroalimentario para el Pleno Abastecimiento
de nuestra población. Una Política de Estado que trascienda a la duración de un
periodo presidencial y que garantice seguridad jurídica, rentabilidad,
financiamiento suficiente y oportuno para lograr aumentar la producción y la
productividad de manera sustentable y aprovechando nuestras condiciones
agrológicas sin posturas autárquicas.
