Desde el año 2002, hemos venido advirtiendo sobre las nefastas consecuencias de las leyes
aprobadas por Hugo Chávez mediante la primera ley habilitante, concedida irresponsablemente
por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional. Nos referimos
específicamente a un paquete de leyes, creadas para intervenir todas las
actividades económicas de los circuitos agroalimentarios, desde las unidades
primarias de producción (fincas, hatos, conucos, pesca industrial y artesanal)
hasta llegar al humilde consumidor.
Esta idiotez ideológica y la “viveza” de una
boliburguesía importadora, propició la intervención del sector privado
productivo, tal como quedo escrito luego, en los lineamientos fundamentalistas
del “Plan de la patria”: «…el control del
Estado, de todas aquellas actividades con valor estratégico, para el desarrollo
del país, promoviendo nuevas formas de generación, apropiación y distribución
del excedente económico. Así como de la renta petrolera». Más claro no
canta un gallo rojo.
Para la “sala situacional cubano-chavista”, la
actividad con mayor valor estratégico es el sector agroalimentario o sector
productor de alimentos, ya que interviniendo este importante sistema de
producción privado, “matan dos pájaros con un solo tiro”. Por una parte con la
apropiación y la ruina de las unidades de producción primarias, se desataba el
desempleo en el medio rural y por la otra, se iniciaba el sometimiento de los
sectores más pobres de la población, a través de la alimentación.
Al desatarse el desempleo en el campo, el chavismo
“colonizó” la zona rural mediante el populismo y la dádiva representada en las
misiones y en los créditos sin garantía de pago. El consumidor fue sometido,
con la creación de una red de distribución, para suministrar alimentos
subsidiados, en su mayoría de origen importado.
Esta maniobra política le dio resultados, pudiendo
conquistar la votación rural, que le fue adversa en las elecciones de gobernadores
y en las presidenciales del año 1998. Y con los pobres de la población urbana,
que fueron cautivados por la abundancia de comida barata, en los mercales y
pedevales. Lo que no calculó el régimen, fue el hecho económico de la caída de
los precios del petróleo a nivel internacional. Esta situación los ha puesto en
serios aprietos ya que ellos compensaban la falta de producción nacional con
alimentos importados.
La destrucción del sistema de producción privado de
alimentos, está generando una brutal escasez, imposible de ser cubierta con
importaciones, ya que los menguados recursos en divisas no alcanzan y el
gobierno, a mediano plazo, tendrá que escoger entre importar o pagar la
amortización de la enorme deuda externa, contraída innecesariamente en los años
de bonanza petrolera.
Otra grave consecuencia de la enorme caída de la
producción nacional, es el descomunal aumento de los precios, que en el sector
de alimentos ya supera más del 200% de inflación. Es una elemental consecuencia
económica, que cuando la demanda supera la oferta, los precios de los pocos
productos que se consiguen aumentan, y no hay regulaciones ni controles que los
contengan, todo lo contrario, se incentiva un mercado paralelo que alienta un
nivel de desacato a las regulaciones, trayendo como consecuencia mayor aumento
de los precios.
Si en nuestro país, al momento que se aprobaron esas
leyes inconstitucionales, y se aplicaron las destructivas medidas contra el
sector privado de la producción, hubiese existido una separación y autonomía de
los poderes públicos, no estuviéramos padeciendo la situación antes comentada.
Pero como dice el dicho popular, “nadie escarmienta en cabeza ajena”, lo que
hemos sufrido ya ha convencido a un 80% de la población, sobre la necesidad de
un cambio de rumbo, afortunadamente se ha conformado una mayoría sólida,
incluyendo a la engañada población urbana y rural, que quiere otra forma de
vida. Este cambio va a iniciarse el 6 de diciembre. Con el poder del pueblo,
expresado en una Asamblea Nacional autónoma e independiente, vamos a cambiar el
rumbo torcido de este gobierno.
