La
ausencia de un plan agroalimentario nacional, que garantice la seguridad
alimentaria de nuestra población, o mejor dicho, el pleno abastecimiento de
alimentos, ha degenerado en el desabastecimiento, la escasez y la carestía de
los productos esenciales de la dieta básica. La consecuencia directa de la
escasez y de la carestía de los alimentos, es la pobreza extrema y la
desnutrición de nuestra población, sobre todo de los sectores más vulnerables:
Nuestros niños.El modelo político implantado mediante el Socialismo del Siglo Veintiuno, cuyo dogma fue la destrucción de los medios de producción privados, trajo como consecuencia la paralización de la producción de más de seis millones de hectáreas, el cierre de dos tercios de las agroindustrias,la monopolización del agrocomercio y la desactivación del cuarenta por ciento del almacenamiento y de la distribución de alimentos.
El
régimen para cubrir las apariencias legales ante la comunidad internacional y
parte de la opinión pública nacional, diseño un entramado de leyes que le
sirven de soporte para el desmantelamiento del sector privado de la producción
de alimentos. Mediante leyes habilitantes la Asamblea Nacional, en ese momento,
apéndice del Ejecutivo Nacional, permitió al régimen la aprobación de quince
leyes, que le sirvieron de base legal para la lenta liquidación de los
integrantes de los circuitos agroalimentarios.
La
producción de alimentos, ha sido el sector
más intervenido y el más regulado por el régimen: Se regula la propiedad
de los terrenos y de los bienes pertenecientes a los integrantes de los
circuitos Agroalimentarios. También se regula la compra de insumos; el precio
de venta de los productos primarios y de los manufacturados; el destino de
estos productos y de los insumos. Todas estas actividades licitas están bajo
supervisión y dirección del Ejecutivo Nacional, mediante una compleja red de
instituciones creadas para estos fines.
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,
la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía
Agroalimentaria, violan ocho Artículos de nuestra constitución nacional, el Artículo 471-A. del Código Penal Venezolano y numerosos Artículos de las leyes de
Registro Público y Notarías y de Expropiación con Fines de Utilidad Pública y
Social.
Desde
Un Nuevo Tiempo, hemos propuesto políticas públicas destinadas a sacar a
nuestro país de la pobreza, del hambre y de la desnutrición. Propuestas a
corto, mediano y a largo plazo que de haber sido aplicadas, no estaríamos
inmersos en esta crisis humanitaria que padecemos la inmensa mayoría de nuestra
población. En ese sentido, hemos propuesto el Plan Agroalimentario para el
Pleno Abastecimiento, este plan denominado por sus siglas como el plan PAPA
Una de las propuestas
fundamentales del Plan PAPA, es garantizar la seguridad jurídica a los
productores de alimentos y a los consumidores. Seguridad Jurídica, significa para el productor, reglas
claras que garanticen la producción y estimulen la propensión a seguir
invirtiendo y para el consumidor, seguridad de abastecimiento suficiente y
oportuno.
Para lograr este fin, es necesario realizar el diseño de
nuevas leyes, como la Ley de Producción de Semillas y la reforma de las leyes
de Tierra y Desarrollo
Agrario, la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley de Seguridad y Soberanía
Agroalimentaria.
En noviembre del año
pasado presentamos a la Asamblea Nacional, la reforma de la Ley Tierra y
Desarrollo Agrario y estamos trabajando en la reforma a las leyes de Seguridad
y Soberanía Agroalimentaria y la de Pesca y Acuicultura.
Con la reforma a la Ley Tierra y Desarrollo Agrario, se eliminan 74 Artículos, que violan nuestra Constitución Nacional y le dan carácter punitivo al INTI para atropellar al sector productivo, se garantizará de esta manera el respeto a la propiedad privada.
El fundamento básico de la reforma de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, es otorgar la propiedad de forma universal y sin ninguna limitación, conforme al artículo 115 de nuestra Constitución Nacional, a personas naturales o jurídicas, que estén dispuestos a ampliar la frontera agrícola de nuestro país, con preferencia a los que la estén ocupando, de manera pacífica e ininterrumpida de forma precaria. La reforma también plantea resolver la difícil situación, en la que se encuentran los productores, cuyas unidades de producción están intervenidas de manera arbitraria por el gobierno.
Con la reforma a la Ley Tierra y Desarrollo Agrario, se eliminan 74 Artículos, que violan nuestra Constitución Nacional y le dan carácter punitivo al INTI para atropellar al sector productivo, se garantizará de esta manera el respeto a la propiedad privada.
El fundamento básico de la reforma de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, es otorgar la propiedad de forma universal y sin ninguna limitación, conforme al artículo 115 de nuestra Constitución Nacional, a personas naturales o jurídicas, que estén dispuestos a ampliar la frontera agrícola de nuestro país, con preferencia a los que la estén ocupando, de manera pacífica e ininterrumpida de forma precaria. La reforma también plantea resolver la difícil situación, en la que se encuentran los productores, cuyas unidades de producción están intervenidas de manera arbitraria por el gobierno.
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