jueves, 30 de noviembre de 2017

Garantizar la seguridad jurídica a los productores de alimentos y a los consumidores

Para reactivar la producción nacional de alimentos, es necesario realizar el diseño de nuevas leyes, como la Ley de Producción de Semillas y la reforma de leyes como, la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario; la Ley de Pesca y Acuicultura; así como la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. Dentro del Plan Agroalimentario para el Pleno Abastecimiento (plan PAPA), consideramos muy importante también, un marco legal que norme la relación que debe existir entre la producción de alimentos y la nutrición de nuestra población.

La Seguridad Jurídica en el área agroalimentaria, significa para el productor, reglas claras que garanticen la confianza para producir y trabajar en paz y que se estimule la propensión a seguir invirtiendo. Para el consumidor, la seguridad del abastecimiento suficiente, oportuno y la posibilidad de poder acceder a los productos necesarios, para mantener el nivel requerido para un normal desarrollo nutricional

En noviembre del año pasado presentamos a la Asamblea Nacional, la reforma de la Ley Tierra y Desarrollo Agrario y estamos trabajando en la reforma a las leyes de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y la de Pesca y Acuicultura. Estamos estudiando una normativa legal, que armonice la producción con el aspecto nutricional. De esta manera, iniciaremos el proceso de sentar las bases legales, para dar confianza a los productores de alimentos y a los consumidores. De esta manera garantizar a los productores su derecho a producir sin intervenciones sobrevenidas por parte del Estado y al consumidor el derecho a una oferta de alimentos segura, suficiente y oportuna,

El fundamento básico de la reforma de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, presentada a la Asamblea Nacional, es otorgar la propiedad de la tierra de forma universal y sin ninguna limitación, conforme al artículo 115 de nuestra Constitución Nacional. Toda persona natural o jurídica, que estén dispuestos a desarrollar actividades agrícolas y forestales, serán sujetos del otorgamiento de la propiedad a título oneroso, según sea el caso.

La reforma establece la preferencia en el otorgamiento a aquellas personas que estén ocupando tierras del Estado, de manera pacífica e ininterrumpida de forma precaria. También son sujetos preferenciales para el otorgamiento, los agrotécnicos, que son base fundamental del desarrollo agrícola. Así como los ciudadanos en situación vulnerable, cuya única forma de ingreso directo, es el desarrollo de la tierra que están ocupando en situación precaria, promoviendo de esta manera la agricultura familiar.

La reforma también plantea, resolver la difícil situación, en la que se encuentran los propietarios, cuyas unidades de producción han sido intervenidas de manera arbitraria por el gobierno sin cumplir los procesos legales correspondientes y sin ningún tipo de indemnización.

Con esta reforma se eliminan 74 Artículos, que violan nuestra Constitución Nacional y le dan carácter punitivo al INTI para atropellar al sector productivo, garantizando de esta manera el respeto a la propiedad privada.

El estímulo a la producción y a la productividad requiere de un marco legal, que institucionalice la relación del sector público con los sectores de la producción y de la academia. En ese sentido es fundamental normar la concertación de los sectores mencionados, para el diseño de políticas públicas y de planificación de proyectos sustentables. Además este marco legal debe normar la producción, las importaciones y la exportación.

La transferencia de políticas agrícolas del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y municipales, también requiere de una normativa legal. La investigación, transferencia de tecnología, almacenamiento, distribución y la gestión de infraestructuras de producción, son actividades que desarrollarían eficientemente los gobiernos regionales y municipales con el concurso del sector privado. La descentralización del financiamiento de programas de producción, requiere también la creación de fondos de desarrollo regional, dedicados al financiamiento de áreas específicas dedicadas a la producción de alimentos. 


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