
Ya
estamos a punto de cruzar la línea de la emergencia humanitaria. El consumo de
alimentos ha caído en más de la mitad de lo que se comía en el 2012, la mayoría
de nuestra población ya casi no consume proteínas, se consume menos de quinientos
gramos de alimentos, cuando lo normal son más mil quinientos gramos al día.
Esta
situación ha traído como consecuencia, que la mayoría de nuestra población ha
tenido pérdida de peso involuntario de al menos nueve kilos en un año.
Advierten los expertos
en seguridad alimentaria en situaciones de emergencia y desastres que: “la
desnutrición infantil este año está aumentando y podría llegar a más de un doce
por ciento, de los aproximadamente
3.200.000 niños, que están en peligro de padecer desnutrición aguda grave”.
Venezuela
está en el primer lugar de los países del mundo donde la inversión es un riesgo.
Además del sistema político actual y la corrupción, uno de los factores que
impiden la inversión y el normal desarrollo de la producción, es la inseguridad
jurídica. En el sector de la producción de alimentos, la inseguridad jurídica
se pone de manifiesto mediante el irrespeto a la propiedad privada, los
controles y regulaciones y el abuso de poder por parte de autoridades civiles y
militares, en ejercicio de funciones de Estado.
Sin
inversión no hay ni habrá producción, es por ello que sufrimos la inflación más
elevada del mundo, sobre todo en el
renglón de alimentos. Además de la inflación tenemos el fenómeno de la escasez de
los alimentos regulados de precio, que son los que puede adquirir la inmensa
población de menguados recursos y la oferta de alimentos importados, con
estructuras de costos dolarizados, calculados a tasa de dólar libre, que solo
puede comprar menos de un veinte por ciento de la población.
Lamentablemente
el problema de la inseguridad jurídica en nuestro país, si no reaccionamos a
tiempo, se agravará, porque un régimen que hasta ahora cubría la apariencia de
respetar el marco legal, ha entrado de lleno en el plano de un gobierno
deslegitimado, a causa de la creación de un supra poder ilegítimo, que pretende
imponerse por encima de instituciones y de las leyes, incluyendo nuestra Carta
Magna.

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