Ya
van más de diez planes agrícolas y de producción de alimentos anunciados por el
régimen en 17 años, y lo que se siente en nuestro país es más escasez y mayor
carestía de los alimentos, por lo tanto consideramos que el Plan Zamora 200 es
otra estafa política del régimen cometida contra el pueblo y que a final de
cuentas este nuevo plan, va a degenerar en más despilfarro y corrupción, como
ocurrió con la Misión Agrovenezuela.
Al
involucrar en este plan a las Fuerzas Armadas, se repite la experiencia del
Plan Bolívar 2000, el cual fue propuesto para solucionar el problema de la
vivienda y resultó un rotundo fracaso, signado por la corrupción lo que
ocasionó un gran desprestigio para el sector militar.
Con
este mal llamado plan agroalimentario,
el gobierno lo que busca es utilizar los
recursos para hacer proselitismo político, con miras al revocatorio que ya el
gobierno lo ve perdido, porque lo que se percibe en la población es un 90% de
rechazo por el malestar que produce a nuestra gente el empobrecimiento a que ha
sido sometido.
El gobierno tiene que convencerse que la única
forma de reactivar la producción interna es renunciando al modelo de producción
establecido en el Plan de la Patria, el cual plantea el desarrollo de un nuevo
modelo, supuestamente productivo, que tiene como prioridad la eliminación de la propiedad privada de los
medios de producción y el control de la relación producción-consumo.
Como
se recordará, este modelo fue negado por el pueblo en el referéndum
del 2007, sin embargo mediante Leyes
habilitantes aprobadas en el 2007 y el 2010, el gobierno lo impuso a través de
distintas leyes decretos y lo estableció como su doctrina económica. Este
modelo caduco lo que hace es espantar la inversión privada y activar la
ineficiencia y la corrupción, en las llamadas empresas de producción
socialistas y ha fracasado en todos los países de orientación marxista en donde
se ha aplicado.
Mediante
la aplicación de este modelo, el sector agroalimentario ha sido intervenido y
regulado: Se regula la propiedad de los terrenos y de los bienes pertenecientes
a los integrantes de los circuitos Agroalimentarios; se regula la compra de
insumos; el precio de venta de los productos de consumo directo, de la materia
prima y de los manufacturados; el destino de estos productos y de los insumos.
Todas estas actividades lícitas, están bajo supervisión y dirección del
Ejecutivo Nacional, mediante una compleja red de instituciones creadas para
estos fines entre los años 1999
y 2014, por leyes habilitantes aprobadas irresponsablemente, por la mayoría
oficialista de la Asamblea Nacional”.
La intervención y la regulación del
sector productor de alimentos, ha traído como consecuencia la crisis
humanitaria que estamos padeciendo con la escasez y la carestía de los
alimentos. Para dar solución a esta grave situación, la nueva Asamblea
Democrática, tiene que legislar para lograr la restitución de los principios
establecidos en nuestra Constitución Nacional, sobre las libertades económicas
y el derecho a la propiedad, para
que la producción de alimentos se consolide como una actividad con capacidad de
abastecer a población venezolana, teniendo como prioridad la producción
interna. 
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