Desde la
Asamblea Nacional se pueden crear las condiciones para normalizar la producción
de alimentos
Concertación:
La Asamblea Nacional como genuina representación de
los intereses del pueblo, tomando en consideración que junto a los graves
problemas de escasez en el sector salud
y de la inseguridad personal, persiste la no menos grave situación de la
escasez y de la carestía de los alimentos, debe establecer una alianza con los sectores
integrantes de los circuitos productores de alimentos, para crear los
mecanismos legales y políticos necesarios para darle solución a esta situación
que ya asume la característica de crisis humanitaria.
Legislar para desarrollar la Producción de
Alimentos
La causa de la grave crisis económica que está
sufriendo nuestro país, se fundamenta en la aplicación de un modelo político
equivocado, contenido en Las
Bases Programáticas del PSUV. Este modelo político-económico establece “la
superación del capitalismo-rentista y el desarrollo de un nuevo modelo
productivo que tiene como prioridad, la eliminación de la propiedad privada de
los medios de producción y el control de la relación producción-consumo, en
función de eliminar la intermediación comercial capitalista”.
Este “modelo productivo” fue negado por el pueblo en
el referéndum del 2007, sin embargo
mediante Leyes habilitantes aprobadas en el 2007 y el 2010; el gobierno lo
impuso a través de distintas leyes decretos y lo estableció como doctrina
económica. El Proyecto
Nacional Simón Bolívar 2007-2013 y El Plan de la Patria, son la
tesis doctrinarias, del esquema
“productivo socialistas”, basado en la planificación centralizada y en una
economía que denominan “productiva, redistributiva, post-rentista,
post-capitalista con eje en la propiedad social de los medios de producción”.
La producción de alimentos, ha sido el
sector más intervenido y el más regulado
mediante la aplicación de este “modelo productivo”: Se regula la propiedad de los
terrenos y de los bienes pertenecientes a los integrantes de los circuitos Agroalimentarios;
se regula la compra de insumos; el precio de venta de los productos de consumo
directo, de la materia prima y de los manufacturados; el destino de estos
productos y de los insumos. Todas estas actividades licitas están bajo
supervisión y dirección del Ejecutivo Nacional, mediante una compleja red de
instituciones creadas para estos fines entre
los años 1999 y 2014, mediante leyes habilitantes aprobadas irresponsablemente,
por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional.
Estas leyes aprobadas sirvieron de base legal para la lenta liquidación de los integrantes de los circuitos agroalimentarios. Las leyes más letales de las 15 mencionadas son la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Ley de Pesca y Acuicultura.
Por lo
anteriormente señalado es responsabilidad de la nueva Asamblea Democrática, la
restitución de los principios establecidos en nuestra Constitución Nacional,
sobre las libertades económicas y el derecho a la propiedad, por lo tanto se
propone que la Asamblea Nacional legisle para desarrollar la producción de alimentos y que esta se
consolide como una actividad con capacidad de abastecer a nuestra población,
teniendo como prioridad la producción interna.
Hay que restablecer el marco legal que garantice la seguridad jurídica de los productores y el derecho de los consumidores, de disponer de alimentos suficientes y oportunos con garantía de condiciones sanitarias, conforme con los tratados internacionales sobre la buena alimentación de la población.
No hay comentarios:
Publicar un comentario