O cambian o los cambiamos

El colmo de la indolencia oficial se manifiesta en presentar a nuestra maltratada población, un paquete económico que representa más de lo mismo, es decir El Plan de la Patria disfrazado de “nuevo modelo económico”.

Con esta mezcla de idiotez ideológica y corrupción lo que hemos cosechado es escasez, carestía y pobreza además, como si fuera poco, tenemos un gobierno convertido en el primer latifundista de nuestro país, poseedor de cerca de 15 millones de hectáreas improductivas. Un gobierno que,  irresponsablemente,  invierte nuestros menguados recursos en una burocracia electoral y en experimentos fracasados como las denominadas comunas.

Nuestra Constitución es muy clara al señalar que se debe “alcanzar la soberanía alimentaria privilegiando la producción interna”, por razones ideológicas, se ha hecho todo lo contrario en estos últimos 17 años,  para desestimular la producción interna de alimentos. Pero lo más grave es que no han sido capaces de garantizar la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, ni siquiera privilegiando las importaciones.

El otro aspecto del problema es la corrupción, la cual ha doblegado la producción interna, fomentando de esta manera el afán de lucro de las mafias de importadores, enquistadas en la médula de los organismos oficiales, “responsables” del abastecimiento agroalimentario de nuestra población.

En esta arremetida del régimen contra el sector productivo, ha sido determinante el control de divisas, el cual ha permitido medio abastecer al país con importaciones de alimentos de dudosa calidad sanitaria, comprados con dólares preferenciales, mientras se obliga a los productores a comprar insumos, repuestos, maquinarias e implementos a precio de dólar libre.

Pero lo más grave es que se ha establecido una perversa “Política de Estado” para diezmar la actividad agrícola y pesquera interna. Para ello se han confabulado todos los poderes públicos con el Ejecutivo Nacional, para permitir y promover las invasiones de predios agrícolas ejecutadas por el INTI con apoyo militar, para luego proceder a su ocupación ilegal, violando de esta manera los artículos 112, 115 y 116 de nuestra Constitución Nacional.

De igual manera se ha procedido en contra del sector agroindustrial y contra el agrocomercio, con la ocupación y expropiación de las plantas procesadoras de alimentos y de las plantas de fabricación de agroquímicos y de sus canales de distribución, sin cumplir con lo establecido en la normativa legal.

Por otra parte, la impunidad con que actúa la delincuencia en el campo, permite que los Derechos Humanos Fundamentales sean  violados ante la incapacidad oficial de proteger  los bienes y la integridad física  de los pescadores, de los productores rurales y de sus familiares, los cuales son víctimas de secuestros, robos, abigeato, actos de piratería y muerte.

Capitulo aparte nos merece el deterioro progresivo de la infraestructura social y productiva  del campo: el abandono de los planes de viviendas (existe un déficit de 200.000 viviendas), de los centros de salud, de la electrificación, de las instalaciones sanitarias y especialmente de la vialidad, así como de los sistemas de riego, de los drenajes y de las instalaciones de almacenamiento.

Este desastre en materia agroalimentaria, que el gobierno pretende continuarlo con su Decreto de Emergencia Económica, es el responsable de todo el sufrimiento de los venezolanos, que viven día a día sus consecuencias. 

Evidentemente, el régimen no quiere cambiar, pero la calle dice “o cambian o los cambiamos”.