El
colmo de la indolencia oficial se manifiesta en presentar a nuestra maltratada
población, un paquete económico que representa más de lo mismo, es decir El
Plan de la Patria disfrazado de “nuevo modelo económico”.
Con
esta mezcla de idiotez ideológica y corrupción lo que hemos cosechado es
escasez, carestía y pobreza además, como si fuera poco, tenemos un gobierno
convertido en el primer latifundista de nuestro país, poseedor de cerca de 15
millones de hectáreas improductivas. Un gobierno que, irresponsablemente, invierte nuestros menguados recursos en una
burocracia electoral y en experimentos fracasados como las denominadas comunas.
Nuestra Constitución es muy clara al señalar que
se debe “alcanzar la soberanía
alimentaria privilegiando la producción interna”, por razones ideológicas, se ha hecho todo lo
contrario en estos últimos 17 años, para
desestimular la producción interna de alimentos. Pero lo más grave es que no han
sido capaces de garantizar la disponibilidad suficiente y estable de alimentos,
ni siquiera privilegiando las importaciones.
El otro aspecto del
problema es la corrupción, la cual ha doblegado la producción interna, fomentando
de esta manera el afán de lucro de las mafias de importadores, enquistadas en la médula de los organismos oficiales, “responsables” del abastecimiento
agroalimentario de nuestra población.
En esta arremetida del régimen contra el sector
productivo, ha sido determinante el control de divisas, el cual ha permitido
medio abastecer al país con importaciones de alimentos de dudosa calidad
sanitaria, comprados con dólares preferenciales, mientras se obliga a los
productores a comprar insumos, repuestos, maquinarias e implementos a precio de
dólar libre.
Pero lo más grave es que se ha establecido una
perversa “Política de Estado” para diezmar la actividad agrícola y pesquera
interna. Para ello se han confabulado todos los poderes públicos con el Ejecutivo
Nacional, para permitir y promover las invasiones de predios agrícolas ejecutadas
por el INTI con apoyo militar, para luego proceder a su ocupación ilegal,
violando de esta manera los artículos 112, 115 y 116 de nuestra Constitución
Nacional.
Por otra parte, la impunidad con que actúa la delincuencia
en el campo, permite que los Derechos Humanos Fundamentales sean violados ante la incapacidad oficial de proteger los bienes y la integridad física de los pescadores, de los productores rurales
y de sus familiares, los cuales son víctimas de secuestros, robos, abigeato,
actos de piratería y muerte.
Capitulo
aparte nos merece el deterioro progresivo de la infraestructura social y
productiva del campo: el abandono de los
planes de viviendas (existe un déficit de 200.000 viviendas), de los centros de
salud, de la electrificación, de las instalaciones sanitarias y especialmente
de la vialidad, así como de los sistemas de riego, de los drenajes y de las
instalaciones de almacenamiento.
Este
desastre en materia agroalimentaria, que el gobierno pretende continuarlo con
su Decreto de Emergencia Económica, es el responsable de todo el sufrimiento de
los venezolanos, que viven día a día sus consecuencias.
Evidentemente, el
régimen no quiere cambiar, pero la calle dice “o cambian o los cambiamos”.
