La represión económica

Según cifras del Banco Central de Venezuela, el año pasado, la inflación general de precios en nuestro país se situó en un 68,5 %. De no haberse cambiado la metodología que alteró las ponderaciones, de la agrupación alimentos y bebidas no alcohólicas, la cifra oficial sería de un 72%.

A pesar de la manipulación mencionada, la inflación en Venezuela es la más alta del mundo, impulsada principalmente por el alza de los precios de los alimentos. En este sector, el pasado año, los precios crecieron  un 102,2%.

Así como ha aumentado la inflación, la escasez se ha hecho incontrolable y ha venido creciendo sistemáticamente desde el año 2013 con un 36%, la última cifra aportada por el INE fue en marzo de 2014. Los estimados privados, sitúan la escasez en 2014 en un 52% y para el primer trimestre de este año en un 60% 

Esta situación es consecuencia de la ausencia de una política económica por parte del gobierno, y del propósito de destruir el sistema productivo privado, la libertad económica y el derecho a la propiedad privada.

Para institucionalizar el clientelismo oficial, el gobierno necesita destruir toda posibilidad de empleo decente con beneficios sociales, generados por la iniciativa privada. Por eso el Estado ha desatado, desde sus inicios, la represión económica más brutal que se haya conocido en nuestro país.

En el caso de la producción de alimentos, la represión se ha ejercido teniendo como instrumentos principales, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley de Pesca y Acuicultura, así como la  Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.  Mediante estos mecanismos legales, aprobados vía leyes habilitantes, se materializaron la toma de unidades primarias de producción, la destrucción de la flota pesquera nacional, la expropiación de agroindustrias, la monopolización del agrocomercio, la intervención de los canales normales de comercialización y la manipulación política del financiamiento agrícola.

Para evitar la reacción de los sectores más pobres de nuestra población, el régimen  aplicó, una especie de anestesia ideológica, con grandes dosis de clientelismo y subsidios económicos, que se han ido agotando, en la medida que la ineptitud y la corrupción, aumentaron el gasto público, disminuyeron el ingreso de divisas y se creó una dependencia de un 96% de los ingresos petroleros.

La reducción de los niveles de pobreza, que el gobierno anunciaba con bombos y platillos y que organismos internacionales, premiaban con elogios, comienza a derrumbarse ahora, ante la cruda realidad, de algo que nunca existió.

Nunca existió tal lucha contra la pobreza, porque todo estaba montado sobre un tinglado de repartición de dádivas y de subsidios insostenibles. Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, señalan que en un año, el 2013, el nivel de pobreza extrema aumentó de un 7,1% en 2012 a un 10% en 2013 significa que en un año, cerca de 737 mil compatriotas, entraron en situación de pobreza critica, totalizando la lamentable cifra de 2 millones 800 mil compatriotas que no pueden comer tres veces al día.

Las cifras de 2014, aún no han sido publicadas por el INE. La Universidad Católica Andrés Bello, la UCV y la Universidad Simón Bolívar, realizaron un estudio denominado Análisis de Condiciones de Vida de la Población Venezolana 2014, donde señala que el año pasado la pobreza extrema aumento hasta un 25%, según estas cifras,  7 millones de compatriotas no pueden adquirir los alimentos básicos para su normal desarrollo.

En la alternativa democrática tenemos otra visión de país. Para derrotar la pobreza, hay que acabar con el desempleo, con la marginalidad, con la exclusión, disminuir el alto costo de la vida y abatir la escasez. Y esto se logra corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos, vender el petróleo que hoy se regala, retornar al sector privado las unidades de producción y las empresas expropiadas.

Hay que crear confianza y dar estímulo al sector productivo privado, garantizando la seguridad jurídica, respetando la propiedad privada, abandonando la aplicación de controles excesivos y la intervención en los procesos productivos y comerciales, entre otras medidas necesarias, para generar la creación de empleos de calidad, con medidas de inclusión social, fundamentadas en la formación y la educación para el trabajo.