Lo que ha podido ser un gran proyecto para empezar
a cubrir nuestro enorme déficit de oleaginosas de más de un 95% por ciento
anual, terminó en un estruendoso fracaso debido a la corrupción y a la
ineptitud de la plana mayor del régimen. Se trata del fracasado proyecto Abreu
e Lima que fue firmado en el marco del convenio de
Paraná, suscrito entre el régimen venezolano y el gobierno de Brasil con
apoyo financiero del Fondo Chino Venezolano.
En
el proyecto se planteaba el desarrollo de 35 mil hectáreas de soya bajo riego, la
construcción de un complejo agroindustrial para procesamiento de soya y una planta
para la elaboración de alimentos para animales. También se proyectaba la vialidad,
la electrificación y la infraestructura social con la construcción de 491
viviendas con su respectivo urbanismo. La responsabilidad de la ejecución del denominado proyecto agrario socialista se le asignó al Inder, instituto
adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierras. El Inder inexplicablemente delegó
en Odebrecht la ejecución del proyecto.
Entre febrero de 2009 y julio de 2011 se destinaron al proyecto 232 millones de dólares del Fondo Chino.
Este monto según el gobierno representaba aproximadamente un 33% de la
inversión total estimada en 700 millones de dólares. Para el segundo semestre
de 2013 el Banco de Venezuela había invertido en el cultivo de la soya 30
millones de dólares (su equivalente en bolívares).
A pesar de haber seguido invirtiendo hasta llegar
a la suma de más de 645 millones de dólares, el estado
actual del proyecto es de total abandono, la infraestructura inconclusa ha sido
saqueada, la maquinaria agrícola y los sistemas de riego desmantelados. En
cuanto a la producción agrícola nunca se logró sembrar y cosechar las 35 mil
hectáreas proyectadas, en 2012 se logró sembrar la mayor superficie desde que
se inició el proyecto, sin embargo no cubrió ni el cuarenta por ciento del área
proyectada, en los años siguientes la superficie de siembra fue disminuyendo hasta
llegar a su mínima cobertura en 2017. Los rendimientos por hectárea han sido
muy bajos en relación a la experiencia de la zona.
La otra cara de la moneda es la promoción, por
parte del sector privado, de un proyecto denominado la Ruta de la Soya. En
2016 se creó el Fondo para el Desarrollo de la Soya (Fondesoya), como una
iniciativa de los gremios agrícolas para dar
impulso al resurgimiento de este cultivo que en el pasado se
intentó consolidar sin éxito ante la inacción oficial.
Sin apoyo oficial, las organizaciones agrícolas que
se han involucrado en este proyecto, han fomentado la producción de semillas para garantizar la siembra
comercial en el marco del programa de apoyo a los productores. Como
parte de esta integración se están capacitando a técnicos y agricultores, a fin
de que se integren de una manera eficiente y efectiva a la producción de soya
en aquellas regiones de nuestro país con ventajas agrológicas para la
producción comercial de esta leguminosa.
El mayor problema que presenta en este momento el
desarrollo comercial del cultivo de esta oleaginosa, es que la disponibilidad
de agroquímicos y fertilizantes no está garantizada en las cantidades que
permitan satisfacer las necesidades de una siembra comercial a gran escala,
como la que proyectan los promotores de la Ruta de la Soya. Sin embargo, los agricultores, que por naturaleza
son emprendedores, tendrán que vencer las dificultades generadas por la escasez
de insumos, para sacar adelante por lo menos parte de la siembra programada.
La meta para este año es
poder llegar a sembrar y cosechar doce mil hectáreas en Portuguesa y para el 2019
duplicar el área de producción sembrando en otras regiones de nuestro país. El
déficit de la demanda industrial de la
soya es de noventa y nueve por ciento aproximadamente. La producción de soya es
una importante materia prima para la elaboración de aceite comestible y sus
derivados para consumo humano. La extracción del aceite genera un subproducto
que es utilizado para la fabricación de alimentos
balanceados para animales.
La Ruta de la Soya es un ejemplo de cómo el sector
productivo privado enfrentará el reto de asumir la recuperación de la
producción de alimentos, para abastecer a nuestra población. Pero para asumir
el reto deberá contar con el estímulo de un Estado Democrático que garantice
seguridad jurídica y la rentabilidad de la producción que atraiga la inversión
financiera tanto interna como internacional.
Dentro del marco de la seguridad jurídica debe
quedar claramente establecido el respeto a la propiedad tal como lo establece
la Constitución Nacional y la abolición de los controles que arbitrariamente el
régimen impuso a todos los integrantes de los circuitos agroalimentarios. El
Estado Democrático diseñará el marco legal y políticas públicas para estimular
los planes de producción que elaboren los integrantes de los circuitos de la
producción de alimentos.
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