Maduro
extendió por 60 días más, el estado de excepción y emergencia económica. Con
esta medida ilegal, el gobierno va a continuar con el boicot y el sabotaje, que
ha mantenido contra las empresas dedicadas a la generación y producción de
bienes y servicios en nuestro país, aplicando mayor control sobre la producción
y sobre las divisas, las cuales ha monopolizado.
Con
este decreto el gobierno profundiza la suspensión de las garantías económicas y
abre la oportunidad para que los funcionarios públicos puedan actuar
impunemente y ejecutar actos ilícitos en perjuicio de la empresa privada y de
la producción nacional.
La
agresión del gobierno contra los sectores de la producción privada, se ha
manifestado desde el inicio del gobierno de Maduro. Estas agresiones se han
materializado mediante el control de las unidades primarias de producción, de la
producción industrial, de la distribución y del almacenamiento de productos
manufacturados y con la incautación con fines políticos de mercancía al sector
comercial, como fue el denominado
dakazo.
Esta
secuencia de desmanes contra la propiedad privada, es la continuación de la
negación de la seguridad jurídica que mantuvo Chávez como norma de conducta,
frente a los sectores productivos de nuestro país. La normativa de esta
delictual conducta, ha sido la absurda predica plasmada en el tristemente
célebre Plan de la Patria. En este panfleto está contenida toda la rabia y la
frustración de los fracasados “trasnochados de la izquierda”, contra la exitosa
empresa privada venezolana.
Para
“cerrar con broche de oro”, este moribundo gobierno se inventó el Decreto de Estado
de Excepción y Emergencia Económica, el cual se ha convertido en una fábrica de
inflación, de escasez, de pobreza y de desempleo, que ha sumido a nuestro país
en una crisis humanitaria, únicamente comparada en el mundo, con países que
están en situación de guerra o que han sido afectados por catástrofes
ocasionadas por fenómenos naturales.
Desde el mes de enero el gobierno ha venido prorrogando cada dos meses este nefasto mecanismo inconstitucional, validado por el Tribunal Supremo de Justicia. En enero de este año, inicio del decreto, la canasta alimentaria familiar tuvo un costo de 106.753 bolívares, para el mes de septiembre, trascurridos nueve meses, el estado de excepción y de emergencia económico del gobierno y del TSJ ha “parido” una inflación de 425% lo que ha generado un aumento de la canasta alimentaria a unos niveles de costo extremadamente costosos para nuestra población, unos 405.452,78 bolívares.
Desde el mes de enero el gobierno ha venido prorrogando cada dos meses este nefasto mecanismo inconstitucional, validado por el Tribunal Supremo de Justicia. En enero de este año, inicio del decreto, la canasta alimentaria familiar tuvo un costo de 106.753 bolívares, para el mes de septiembre, trascurridos nueve meses, el estado de excepción y de emergencia económico del gobierno y del TSJ ha “parido” una inflación de 425% lo que ha generado un aumento de la canasta alimentaria a unos niveles de costo extremadamente costosos para nuestra población, unos 405.452,78 bolívares.
En los
primeros nueve meses de este año el decreto de excepción y de emergencia
económica, ha creado una escasez cercana al 90% en los productos regulados.
Estos productos cuando se consiguen tienen que comprarse pagando una diferencia
en su precio de hasta 3.700%
Este
“decreto prorrogable” también ha tenido su impacto negativo en la producción.
En el sector productor de alimentos por los controles y la falta de estímulos,
ha propiciado una caída en la producción de todos los rubros, tanto de consumo
directo como las hortalizas, como de la materia prima destinada a la
agroindustria, como los casos del maíz, el girasol y la caraota, entre otros
cultivos afectados. Esta falta de producción viene a agravar la crisis
humanitaria que estamos padeciendo, ya que la poca reserva de alimentos y de
materia prima que tenemos, producidos en el país, sólo llegará hasta el mes de
enero del próximo año.
Desde
Un Nuevo Tiempo reiteramos a nuestra población y a la opinión pública
internacional, que la única salida viable para resolver la grave crisis
humanitaria que han creado quienes
gobiernan desde el año 98, es resolver por la vía electoral, por la vía del
voto, la sustitución de este régimen indolente, inepto y corrupto que ha
boicoteado y saboteado el normal desarrollo de la vida de nuestro país.