
La agenda legislativa
social, nos va a permitir conservar nuestros aliados, que son más de siete
millones de ciudadanos que han depositado su confianza en nosotros. Nuestra
Constitución Nacional establece que el parlamento nacional debe ejercer las
funciones de legislar, controlar los demás poderes del Estado sobre todo al
ejecutivo y ser el centro de la concertación y el debate de los asuntos
políticos, sociales y económicos de nuestra nación.
Creemos que la
primera preocupación de nuestra población es la alimentación, por lo tanto
debemos legislar para modificar y derogar leyes, que impiden la producción y la
importación de alimentos por parte del sector privado y crear la base legal,
para impulsar la producción a corto mediano y largo plazo, es decir garantizar
la seguridad jurídica de los integrantes de todo el Circuito Agroalimentario,
que estimule la propensión a invertir y de producir los alimentos suficientes y
oportuno, para llenar los anaqueles de las bodegas, abastos y automercados.
Tenemos que tomar en
consideración que legislar en este sentido, no afecte a nuestra población que
está en situación de pobreza extrema, por lo tanto, dentro de ese marco legal,
se deben establecer medidas compensatorias, que permitan a estos compatriotas
la plena capacidad para acceder a los alimentos.
La función de ejercer
control sobre el gobierno, nos dará oportunidad mediante las interpelaciones a
los altos funcionarios públicos, de conocer la capacidad y honestidad de los
responsables de la producción y del abastecimiento de alimentos, para decidir
su permanencia en el cargo.
Durante
la vigencia del Congreso Nacional bicameral, una de las comisiones más
importantes de ambas cámaras fue la Comisión de Agricultura y política Agraria,
al instalarse la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, se eliminó esta
instancia de concertación.
Es
fundamental que en una asamblea de mayoría democrática, exista un foro de
concertación y control de algo tan vital para una nación, como lo es la
seguridad alimentaria y el bienestar de la población rural, en consecuencia
hemos venido proponiendo la creación de una Comisión Permanente de Política
Agroalimentaria y Desarrollo Rural, que sirva de foro y de control para
garantizar una producción permanente de alimentos, dentro de un ámbito social
cónsono con el desarrollo humano.
La agenda legislativa
agroalimentaria, beneficiaría al cien por ciento de nuestra población que somos
consumidores, además consolidará el desarrollo de 16 estados de nuestro país, que
dependen desde el punto de vista social y económico de la actividad agrícola y
pesquera. También tendría un efecto importante en la reactivación del sector
agroindustrial.

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