El
hambre y la desnutrición constituyen la violación de un derecho humano, porque
este padecimiento involuntario está asociado directamente a conservar la vida. El
derecho a la alimentación está establecido en la normativa de las naciones
unidas y además consagrado en tratados internacionales y regionales y debe ser
de obligatorio cumplimiento de los Estados por tratarse de un derecho humano
vinculado al derecho a la vida.
En
nuestro país la pobreza, la escasez y la carestía de los alimentos ha generado
una grave crisis que ha degenerado en una emergencia humanitaria caracterizada
por el bajo consumo, la desnutrición, alto riesgo de enfermedades, cambio de
patrones de consumo y la dependencia de millones de compatriotas que se surten
de desechos para poder comer. Se estima que más del noventa por ciento de
nuestra población carece de ingresos suficientes para comprar la canasta de
alimentos fundamental para alimentar satisfactoriamente a su familia.
Estudios
realizados por instituciones internacionales, han determinado que más del
cincuenta por ciento de nuestra población está consumiendo alrededor de
quinientas calorías diarias, cuando lo normal sería consumir entre 2.000 y 2.400
calorías. Sectores académicos y varias ONGs nacionales, han detectado graves problemas de desnutrición en los
sectores más vulnerables de nuestra población, sobre todo en la población
infantil de menores de cinco años y adultos de la tercera edad.
En
esta población vulnerable se han detectado la aparición de enfermedades
asociadas a los altos niveles de desnutrición. En la población que
lamentablemente depende de desechos para comer, se han producido numerosas
muertes por ingerir desechos de alimentos con altos niveles tóxicos por su
grado de descomposición o por ser residuos de materia prima vegetal no aptos
para el consumo humano.
La
tragedia humanitaria que padece nuestro país, no ha sido ocasionada por un
enfrentamiento bélico o por una catástrofe natural. Asombrosamente para la
observación internacional, ha sido causada por la corrupción y la mala gestión
de un régimen irresponsable, que se empeñó en aplicarnos un modelo comunista
fracasado disfrazado de socialismo. Para mayor tragedia, el paquete económico
de este régimen tuvo como norte la destrucción del sector productivo de nuestro
país, con notable ensañamiento en el sector agroalimentario.
A
pesar de la destrucción de la producción interna el régimen logró mantener un
espejismo de bienestar en la población más sensible económicamente, logrando
aumentar el consumo con productos importados. Pero varios hechos económicos,
los cuales han podido ser previstos y otros evitados por los planificadores del
régimen, desataron la crisis: la disminución de los precios del petróleo y la
caída de la producción de crudo y de la capacidad de refinación. Además, el
régimen ha sido tan ineficiente, que con más de una década gobernando en
bonanza económica, no hizo ningún esfuerzo por lograr la diversificación de
nuestra economía, para hacerla menos dependiente de la renta petrolera.
El
gobierno tuvo oportunidad en el 2014 de enderezar el rumbo aplicando correctivos
a su distorsionada política macroeconómica, pero lo que hizo fue mantener su
política equivocada, además incrementó las violaciones a la propiedad privada,
aumentó los controles e intensificó medidas tendientes a generar mayor
inseguridad jurídica en el sector de la producción de alimentos. De allí que
consideremos que es el régimen el único responsable de la emergencia
humanitaria que padece nuestra nación.
Bajo
el entendido que es necesario detener la hambruna que azota a nuestra nación se
debe constituir un frente amplio que agrupe a las ONGs que se han dedicado a
investigar y proponer soluciones al problema del hambre, a los sectores
académicos que a través de sus centros de estudio e investigación han afrontado
el problema y a las fundaciones que han dedicado años de investigación al tema
del hambre y la desnutrición.
En
esta unión de voluntades debe tener participación también la Iglesia Católica y
demás organizaciones religiosas, los gremios empresariales de los circuitos de
producción agroalimentaria y los gremios profesionales de agrotécnicos. El factor
institucional de la política es fundamental como ente aglutinador de la
voluntad popular, por ello es imprescindible la presencia de la Asamblea
Nacional y de los partidos políticos.
La
finalidad principal de este Frente Amplio Contra el Hambre sería en primer
lugar denunciar ante las instituciones regionales e internacionales defensoras
de los derechos humanos, la hambruna que azota a nuestra población y la
incapacidad que presenta el Estado Venezolano para resolverla. En segundo
lugar, y no menos importante, sería el aporte de propuestas concretas para
resolver de inmediato la terrible situación que está cobrando vidas en nuestro
país y generando un éxodo de miles de compatriotas en la búsqueda de su
seguridad alimentaria.
El
hambre no espera, esta situación hay que atenderla de manera urgente.
“Los
hombres necesitados no son hombres libres. Con gente hambrienta y sin trabajo
se construyen las dictaduras.” Franklin D. Roosevelt, 1944
