El régimen en casi veinte
años de desgobierno ha aplicado tres planes destinados a modificar el marco
económico de nuestro país. La aplicación de estos planes se centró en sustituir
la actividad productiva privada por las fracasadas empresas de producción
“socialista”. Pero la ineptitud y la corrupción oficializada acabaron también
con estas empresas, agravando aún más la
caída de la oferta de bienes y servicios nacionales.
Hasta el año 2013, debido
a los elevados precios del crudo y a pesar del desastroso manejo de las
industrias básicas, el régimen pudo mantener abastecido al país mediante la
importación de todo tipo de bienes. Este plan de corte populista mal llamado
inversión social, creó una falsa prosperidad en parte de la población. Mientras
el despilfarro y la corrupción oficial dilapidó más de mil ciento cincuenta
millones de millones de dólares provenientes de la renta petrolera y de deuda
pública, el régimen con una mínima fracción de esta descomunal cifra, logró mantener
distraída a gran parte de la población, mientras se dedicaban a destruir el marco
constitucional de la nación y al sector de la producción privada.
Pero a partir de 2014
debido a la caída de los precios del petróleo y al deterioro de Pdvsa, empezó a
disminuir progresivamente el ingreso de divisas y con ello la incapacidad de
sustituir la producción privada por bienes importados. Ese año se inicia el
ciclo más prolongado de la caída del PIB desde que se publican estadísticas
económicas en nuestro país.
En
2013 se inicia la aplicación del tercer plan, el Plan de la Patria 2013-2019.
En este plan se promete mantener un crecimiento del PIB entre un 3% a un 4%
interanual, pero la realidad es que entre 2014 a 2017 la contracción del crecimiento
económico fue de un -45% y el FMI estima
para este año una caída de -18% del PIB. En las metas macro económicas del plan
estiman un promedio anual de la tasa de inflación de un 20%, pero estamos
padeciendo una hiperinflación que cerró el 2017 en 2.735%. Las estimaciones del
FMI prevén para el cierre de este año que será de 1.350.000% aproximadamente.
En el plan, se estima un cronograma de
crecimiento de la producción petrolera con una proyección de 6.000.000 de b/d
en 2019; pero la terrible realidad es que la producción de Pdvsa y sus aliados
comerciales se redujo en septiembre de este año a 1.197.000 b/d, una reducción promedio de 38.000 bp/d con respecto a agosto un -3,3%. En ocho meses de este año Pdvsa ha dejado de producir
557.000 bp. Esto representa un 45% del promedio de
2016 que fue de 2.150.000 b/d. En
1.998 cuando aún estábamos en Democracia, la producción fue de 3.100.000
barriles diarios.
Pero
más ambiciosa es la propuesta del Plan de la Patria en relación al combate de
la pobreza y del desempleo: se promete a partir de 2013 reducir la pobreza a un
15% y la pobreza extrema hacerla inexistente, es decir 0% y el desempleo
mantenerlo en una tasa de entre un 5% a un 7% anual. Precisamente a partir de
2013, en los índices de pobreza se refleja una escalada perversa que este año ha
llegado hasta niveles cercanos al 90% de pobreza y superiores al 60% de pobreza
extrema. El desempleo según el FMI se situó el 2017 en un 27% y prevé el mismo
organismo internacional que para este año llegará por lo menos a un 33%.
La
aplicación por parte del régimen de estos tres planes destinados a modificar el
marco económico e institucional de nuestro país, ha creado un impacto negativo
sobre la producción del sector privado y público y un retroceso institucional
de más de sesenta años. El sector privado ha tenido una reducción de
aproximadamente dos tercios de su capacidad productiva e igual situación ha ocurrido con las empresas
básicas del sector público, así como con los sectores de electrificación,
servicios sanitarios, vivienda, infraestructura y de la salud.
Ante
la gravedad de la crisis institucional que padecemos, estamos urgidos de un
gobierno y de poderes públicos independientes que resuelvan de forma inmediata
la situación creada por este régimen indolente, corrupto e ineficaz.
Necesitamos un Estado Democrático que garantice al sector productivo privado
seguridad jurídica y políticas públicas necesarias para estimular la propensión
a invertir y a producir en nuestro país, para poder llevar un merecido
bienestar social a nuestra población.
